CELENDÍN: la política capturada por el poder económico

Escribe: Milton Sánchez Cubas

Presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC)

Revista El Labrador, número 26, 15.05.17



A inicios del 2011 publiqué un artículo llamado “Celendín en el escenario del crecimiento capitalista”; han pasado más de 6 años y continúa más vigente que nunca. Este escrito gira en torno a cómo el gran capital planifica sus intereses económicos, sus ganancias, su acumulación de riquezas, en nuestra provincia. Los proyectos mineros y la construcción de hidroeléctricas en el Marañón venían con propuestas irrechazables: trabajo, desarrollo, progreso, mejor educación, mejor salud, sacarnos de la pobreza.

Yanacocha, con su proyecto Conga, pretendía depositar un promedio de 96 mil toneladas de relaves mineros tóxicos diarios durante 17 años. Las comunidades celendinas han entrado en resistencia.

El proyecto Conga, aparte de destruir nuestras principales fuentes generadoras agua, pretendía depositar un promedio de 96 mil toneladas de relaves mineros tóxicos diarios durante 17 años, ahí en donde nacen nuestros ríos. Yanacocha en Cajamarca ha producido serios daños a la salud pública: personas con plomo en la sangre y con vestigios de mercurio en sus sistemas neurológicos; el aire  saturado de sulfuros y material particulado; el agua con presencia de cromo, plomo, mercurio, arsénico, cadmio, uranio; enfermedades a la piel y al sistema respiratorio; raras enfermedades digestivas y neurológicas; incremento del cáncer. Yanacocha, que decía respetar el medio ambiente, ha destruido ríos, lagunas, humedales; por ello afronta constantes movilizaciones de las comunidades reclamando la restitución de sus aguas. Es decir, todo lo que vino a ofrecernos a Celendín: que no va a haber contaminación, que tienen tecnología de punta, que íbamos a tener más agua que antes, es mentira.  Cajamarca ya tiene más de 2 décadas de minería; Yanacocha es la productora de oro más importante de Latinoamérica y la segunda en el mundo, obtiene ganancias fabulosas, pero tenemos más del 50% de nuestra población sumergida en la pobreza; cuando ellos ingresaron a Cajamarca éramos la cuarta región más pobre del país, ahora somos la primera más pobre. Hemos retrocedido; entonces, uno se pregunta: ¿dónde está el tan ansiado desarrollo?, ¿para quién fue el desarrollo?

Yanacocha, con el Proyecto Conga, esperaba ganancias astronómicas; el costo de su producción de oro, sin artificios contables, ni sobrecostos, se calcula aproximadamente en 350 dólares; cuando esta empresa pretendía poner en operación Conga el precio de la onza en el mercado internacional llegaba a los 1800 dólares y este proyecto les hubiese permitido extraer 12 millones de onzas de oro aproximadamente. Para el caso del cobre, pretendían extraer 3.1 billones de libras de cobre; su costo de producción por libra en la época era de 1.6 dólares y el precio en el mercado internacional llegó a pasar los 4 dólares por libra. Sólo hay que tomar una calculadora y empezar a multiplicar; nos dejarán confundidos tantos ceros.

En el caso de las centrales hidroeléctricas planteadas en el Marañón, tres se desarrollarían en territorio celendino: Chadín 2 y Río Grande I y Río Grande II; el mismo Ollanta Humala manifestó que servirían para hacer realidad el desarrollo del polo minero del norte del Perú.  Los impactos en la biodiversidad que causarían se estiman que serán devastadores. Inundarán aproximadamente 77 kilómetros cuadrados en los que están valles productivos que abastecen con alimento a nuestras ciudades, desplazarían a más de 4 mil personas. Las presas interrumpirían los sedimentos que el Marañón arrastra hacia el Amazonas; a su vez, significaría la destrucción de los bosques secos del Marañón, únicos y de gran importancia en el mundo por su diversidad y endemismo, destacando animales y plantas que están en peligro y que sólo viven en este lugar del planeta. Poco se sabe cuáles serán los impactos en comunidades de partes más bajas, en donde viven comunidades indígenas Awajún y Wampis, pues su subsistencia depende del río. La evaluación económica del proyecto Chadín 2 determina que sería un mal negocio para el país y que el canon hidroenergético no es muy significativo y se tendría que esperar para ello 17 años, mientras recuperen su inversión.  Se sabe poco de las verdaderas ganancias de la empresa con la construcción de estas hidroeléctricas; Chadín 2 estaba presupuestada en un promedio de 2,000 millones de dólares, que en la práctica se incrementaría mucho más, como ocurrió con proyectos ejecutados por la misma empresa. Por ejemplo, la Interoceánica del Sur, que se la exoneró del SNIP, estuvo valorizada en 880 millones de dólares inicialmente y terminó costando 2,300 millones de dólares. Nos dijeron que con este proyecto Madre de Dios iba a convertirse en una potencia agrícola más importante que Lambayeque y Piura juntos, que se aperturaría la frontera agrícola en más de 96 mil hectáreas; ninguna de estas promesas se cumplieron. Sin embargo declararon este proyecto de necesidad e interés nacional; la más beneficiada fue la empresa Odebrecht.  Otro escándalo de magnitud superior fue la construcción del Gasoducto Sur Peruano, que inicialmente costaba 1,320 millones de dólares y terminó licitándose en 7,328 millones de dólares, en el gobierno de Humala; Odebrecht se aseguró de ser el único postor.

Lo que hemos visto durante estos años es cómo el poder económico tiene capturado el Estado y utiliza a todas sus instituciones para hacer grandes negocios.  El modus operandi es financiar campañas electorales para luego obtener beneficios. Dionisio Romero, del Banco de Crédito, admitió que financiaba campañas electorales de diferentes partidos; en el 2000 el Grupo Romero cedió avionetas a candidatos presidenciales para recorrer el país; también se conoce que este mismo grupo financió candidaturas en el 2011. El grupo Minas Buenaventura, uno de los dueños de Yanacocha, a través de su ONG Reflexión Democrática, financia campañas electorales de congresistas, con énfasis en regiones donde tienen concesiones mineras que pretenden explotar. Estos se convierten en sus principales defensores, y una vez que llegan al congreso legislan a favor de los que los financiaron. Ya son muy conocidas las coimas de las empresas brasileras a los gobiernos de Fujimori, Toledo, García y Humala y a otros gobiernos en Latinoamérica; la enorme corrupción develada llevó a la cárcel a Marcelo Odebrecht, dueño de la trasnacional.

Estos poderes económicos han desarrollado lo que algunos denominan un “círculo virtuoso” compuesto por el Poder Legislativo para sacar leyes favorables a sus inversiones. Han endurecido las penas por delitos contra el orden público, flexibilizaron requisitos para que militares intervengan en los conflictos sociales a través de estados de emergencia, convenios con la Policía Nacional del Perú como fuerza de seguridad privada de empresas mineras, han emitido leyes en las que se otorga impunidad a policías que cometan excesos, han usado la represión y criminalización de la protesta social judicializando a líderes sociales acusándolos incluso de terrorismo. Usan el Poder Ejecutivo para que a través de los distintos ministerios generen normas para lo que han denominado “destrabar las inversiones”; por ejemplo la Ley 30230 del 2014, en el Gobierno de Humala. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concertaron “facilitar las inversiones”; esta ley perdonará deudas tributarias pendientes de pago de las grandes empresas; han limitado la función fiscalizadora de la SUNAT; han ampliado plazos de estabilidad tributaria para las grandes inversiones, lo que les permite tributar menos; han suspendido por tres años la norma XVI del Código Tributario que califica la elusión tributaria. Con estas medidas se benefician grupos de poder económico nacionales y empresas transnacionales.   En materia ambiental el artículo 19 de la Ley 30230 anula la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años; con ello tenían licencia para contaminar; felizmente la presión de los congresistas del Frente Amplio, en esta legislatura, lograron revertirla. El artículo 21 de esta ley reduce los tiempos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los mega proyectos a tan sólo a 45 días, disponiendo además que los funcionarios que no cumplan con este plazo serán sancionados. Para poner un ejemplo, el EIA del proyecto minero Conga tenía 22 mil páginas en 17 tomos, ¿cómo se puede revisar en 45 días? El artículo 23 de la Ley manifiesta que los estándares de calidad ambiental ya no serán los internacionalmente establecidos, sino serán fijados por Decreto Supremo del Ejecutivo. Y para cerrar, el saneamiento físico legal de los predios que están comprometidos dentro del área de influencia directa e indirecta de los proyectos de inversión serían apurados, facilitándoles la concesión de grandes extensiones de territorio a las empresas extractivas, vulnerando los derechos de las comunidades indígenas, contradiciendo el convenio 169 de la OIT que manifiesta que sólo la ocupación territorial de los pueblos indígenas equivale a un título de propiedad. Esta ley también hace mención a la “defensa posesoria”, que ha sido usada por primera vez en el país por Minera Yanacocha en contra de la familia Chupe; esta norma permite a la empresa usar su seguridad privada, si advierte que se está usurpando su propiedad; valiéndose de este argumento, la minera ha atacado los bienes materiales, animales y plantaciones de la familia. Este 3 de mayo la familia Chaupe ganó en la Corte Suprema a la empresa Yanacocha que la acusaba de delitos de usurpación agravada.

Este poder económico cuenta también con un decidido apoyo de los medios de comunicación; destaca el Grupo El Comercio que ostenta la concentración de los medios de comunicación en el país, de propiedad de la familia Miró Quesada. Ellos concentran cerca del 80% del mercado de la prensa escrita en el Perú: “El Comercio”, “Perú.21”, “Gestión”, “Trome”, “Depor&rdquo, “Correo”, “Ojo”, “Ajá” y “El Bocón”, además de los canales televisivos “América Televisión” y “Canal N”. Asimismo José Graña, el mayor accionista individual de “El Comercio”, es dueño de la constructora Graña & Montero, que trabaja con casi todos los proyectos mineros en el Perú. En el proyecto Conga esta empresa tenía asignada la remoción de suelos en la primera etapa del proyecto.  Entonces, es lógico pensar que no sacarán noticias que afecten sus negocios; no sólo eso, sino que promovieron la difamación y la calumnia del movimiento social. Por ejemplo, una de las portadas de “Perú 21” mostraba paquetes de cocaína, un fajo de dólares, un revólver y sangre salpicada alrededor; el titular decía: “Conga vs Narcotráfico”; en el desarrollo de la noticia manifestaba que las protestas en Cajamarca estaban financiadas por el narcotráfico. Otro de los titulares emblemáticos es del diario “El Correo”, dando cuenta que en las protestas de Arequipa frente al proyecto Tía María había violentistas que atacaron con armas a la policía; las redes sociales desmentían el titular que tuvo que ser retirado de su página web, cuando un video mostraba que un policía siembra un arma punzocortante a un manifestante y en el mismo instante un fotógrafo de este diario toma una fotografía para consumar la difamación.

Para cerrar el “circulo virtuoso” debemos mencionar a los “técnicos”, “especialistas”, “opinólogos” que pasan de las empresas, de estudios de abogados a los ministerios, o de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas; además son columnistas de los principales diarios del Grupo El Comercio, comentaristas regulares de “Canal 4” y “Canal N”. Son muy cercanos a la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), organismo que decide muchas veces quién asume las carteras, principalmente de Energía y Minas, Economía y Finanzas o el Primer Ministro. Un ejemplo que involucra el Proyecto Conga es Felipe Ramírez del Pino, ex funcionario de Yanacocha, que pasa a trabajar a la Dirección General de Asuntos Ambientales y Mineros del Ministerio de Energía y Minas, y fue el equipo al mando de este señor quien aprobó en un tiempo récord el EIA del proyecto Conga. Al inicio del gobierno de Humala, éste se reunió con la CONFIEP, que pedía “señales de confianza”; luego del encuentro, este organismo empresarial y el Grupo El Comercio señalaban “se han disipado las dudas” porque el presidente electo había aceptado sus sugerencias. El Gobierno anunció a Luis Miguel Castilla en el MEF y Julio Velarde seguiría dirigiendo el Banco Central de Reserva del Perú. Estos, con apoyo mediático de “El Comercio”, la CONFIEP y el IPE impulsaron las medidas económicas de Humala, que consistían en “mantener la estabilidad macroeconómica del país”, “conservar las condiciones que permitan el crecimiento económico” y “mejorar la eficiencia del Estado”; como resultado de estas medidas tenemos la Ley 30230, que es lesiva a los intereses de los peruanos y muy favorable para las ganancias de las empresas extractivas. Humala consumaba así la traición a sus electores.

Entonces ¿quiénes determinan las prioridades del país? ¿Quiénes determinan las prioridades o necesidades de Cajamarca, de Celendín? Claramente, estas empresas planifican “nuestro desarrollo”, que no es otra cosa que su propio interés.  ¿Quién debe salvaguardar los intereses de los celendinos? Las autoridades locales, por supuesto. Si estas empresas financian campañas electorales al más alto nivel, ¿nuestras autoridades locales y regionales, por alguna extraña razón, se habrán quedado al margen? ¿Lo expuesto explicará el silencio cómplice y la actitud favorable de muchas autoridades respecto a Odebrecht y Yanacocha?  También está clara la actitud de ataque virulento de algunos periodistas en Celendín y Cajamarca a dirigentes que han manifestado su rechazo a estos proyectos. Odebrecht financiaba pagos mensuales para hacer este trabajo sucio. Por el mismo motivo, entendemos la denuncia del ex gobernador humalista de Celendín a 16 líderes sociales, para quienes solicitaba penas de hasta 36 años de prisión, juicio que perdió luego de cuatro largos años. Este mismo gobernador fue sorprendido entre tomaderas y comelonas con el ex gerente del proyecto Chadín 2, de la corrupta Odebrecht.

Hasta antes de PPK los políticos eran todos advenedizos al poder económico, el actual presidente es uno de ellos; su trabajo fue siempre facilitar los negocios del Estado con las grandes corporaciones, principalmente en los sectores de minería, gas y petróleo; ahora como Presidente  no va a cambiar de oficio. Nos esperan momentos difíciles.

Queda mucho trabajo por hacer, recuperar la política, arrancarles el poder a quienes siempre decidieron por nosotros, para devolver este poder a la gente. Esta es una labor ineludible.